La paz en Colombia fue una mera “exploración” durante años. Esa palabra indica que, pasara lo que pasara, solo se trataba una tentativa en medio de la guerra. Con ese propósito de tanteo mutuo, a finales de febrero de 2012 se citaron en Cuba una delegación del Gobierno de Juan Manuel Santos y una representación de las FARC, entonces la guerrilla más antigua y poderosa de América.
«En el marco del encuentro exploratorio que se desarrolló en La Habana entre el Gobierno nacional y las FARC-EP con el ánimo de explorar la posibilidad de poner fin al conflicto armado interno en Colombia, el Gobierno identificó los siguientes puntos en la discusión, que podrían constituir una fórmula para la terminación del conflicto». Así comienza el primer documento de esa fase de las negociaciones, que de manera informal habían arrancado en 2010 y desembocaron en la firma de los acuerdos de paz en 2016. Esta semana los archivos de ese proceso quedarán desclasificados y recopilados en una colección de 10 tomos que representan la memoria de una etapa decisiva para la historia de Colombia.
Por parte del Ejecutivo de Juan Manuel Santos acudieron a La Habana, entre otros, Sergio Jaramillo, Frank Pearl y Enrique Santos. La organización insurgente envió a un grupo en el que figuraban Mauricio Jaramillo, El Médico, Marcos Calarcá, desde el pasado viernes congresista en la Cámara de Representantes, y Ricardo Téllez. El sábado 25 de febrero las dos delegaciones emitieron las primeras conclusiones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS. El Estado colombiano, que prometió mantener las condiciones de confidencialidad, propuso cinco asuntos de discusión: el desarrollo agrario y la pobreza rural; la participación política; el desarme, la desmovilización y la incorporación a la vida civil de los combatientes; la seguridad; y la verdad, justicia, reparación con garantías de no repetición. Las FARC presentaron un folio con 12 puntos de conversación, que incluían la protección de los derechos humanos, la explotación de los recursos naturales y distintas reformas.
Entre el 17 y el 19 de marzo de 2012 las dos partes volvieron a verse en la misma ciudad y pactaron una «hoja de ruta para la construcción de un acuerdo marco». En un tercer documento se fijaron los seis ejes centrales de los acuerdos, que, además de lo planteado inicialmente por el Gobierno, instaban a afrontar el problema de las drogas y el narcotráfico. Ese texto esbozaba también los mecanismos de acompañamiento, observación internacional y verificación, en las que resultaron clave Naciones Unidas y los países garantes, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela. También quedaron negro sobre blanco algunas reglas del juego. Por ejemplo, que «en la discusión sobre el desarrollo del acuerdo marco se entenderá que nada está acordado hasta que todo esté acordado» o que «el inicio de la implementación de todos los compromisos contenidos en el acuerdo final será simultánea».
En medio quedan más de seis años de desencuentros, retrasos, obstáculos, tensiones políticas, un referéndum que rechazó los acuerdos por la mínima, la modificación de lo pactado y finalmente la firma de la paz. Las FARC son hoy un partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y tienen garantizados 10 escaños en el Congreso durante dos legislaturas. Sus 13.003 guerrilleros se han desmovilizado, entregaron las armas y se encuentran en fase de reinserción en la sociedad. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes de la guerra, recibió las críticas del presidente electo, Iván Duque, y de su partido, el Centro Democrático, aunque ya ha sentado en el banquillo a la cúpula del antiguo grupo insurgente, encabezada Rodrigo Londoño, Timochenko.
El fin de una guerra de más de medio siglo, como enfatizó Santos, es «irreversible». No obstante, los próximos años serán cruciales para determinar la estabilidad de los acuerdos a largo plazo. La llamada Bilbioteca del proceso de paz, explica la oficina del Alto Comisionado, da cuenta de «los detalles y documentos más importantes» de la negociación. Algunos fueron guardados en secreto «con el fin de mantener en reserva decisiones que de ser públicas hubiesen podido enfrascar a las partes en discusiones innecesarias y entorpecer el avance de las discusiones». Aun así, ahora el Gobierno considera «de vital importancia que Colombia y el mundo conozcan la historia, descrita al pie de la letra, a través discursos, comunicados, actas, declaraciones, fotografías, datos y detalles de los dos años de conversaciones exploratorias, de los sucesos tras el plebiscito y las rondas de discusiones con los voceros del sí y del no, y de los dos años del camino recorrido para que la organización armada de las FARC hiciera su tránsito a la legalidad».
