Desconociendo la ley de garantías entre el 1° y el 31° de enero de 2018, las entidades territoriales suscribieron un total de 131.531 contratos por una suma superior a los $3,8 billones, de los cuales el valor de la contratación directa representaba el 86% sobre el total de recursos contratados en el periodo.
El auditor general, Carlos Hernán Rodríguez, señaló que la entidad realizó un nuevo análisis de la contratación pública celebrada entre el 27 de enero y el 17 de junio de 2018, donde encontró que en ley de garantías se suscribieron un total de 83.458 contratos bajo la modalidad de contratación directa por valor de $2,43 billones, de los cuales 61.873 contratos, corresponden a contratos suscritos por Empresas Sociales del Estado, a quienes no les es aplicable las restricciones.
Sin embargo, la Auditoría identificó que 672 suscritos bajo la modalidad de contratación directa, por más de $21.000 millones, presuntamente habrían incumplido la ley de garantías en el 2018.
Precisamente por esto, el funcionario del ente de control llama la atención a las contralorías territoriales para que tomen las acciones legales frente a los contratos celebrados por sus sujetos de control que incumplan la normatividad.
El actuar de las entidades que incumplieron la ley, hace evidente el quebrantamiento del principio de transparencia y de planeación contractual, lo que sitúa en posición de riesgo la gestión pública en desatención a los principios que rigen la función administrativa.
Vale recordar que la entidad había hecho un llamado de atención en marzo del 2018, unos meses después de que comenzara la ley de garantías, y desde ese momento ya se había encontrado que decenas de contratos fueron entregados ‘a dedo’.
