Bogotá, 23 mar (EFE).- Al menos 167 muertos y 584 heridos dejaron los atentados perpetrados por la guerrilla del ELN entre 2000 y 2017 contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, el más importante del país, que completa 39 días de paralización a raíz de un ataque, informó hoy la petrolera estatal Ecopetrol.
En un comunicado, Ecopetrol rechazó «de manera enfática» los atentados con explosivos e indicó que causaron «la muerte de 167 personas en los últimos 17 años producto de las minas antipersonal instaladas alrededor de los tramos afectados por las voladuras».
«En ese lapso se han registrado 2.590 eventos ocasionados por minas antipersonal, que han dejado 584 heridos, para un total de 751 víctimas, incluida población civil (niños, mujeres y trabajadores)», agregó la estatal, que citó cifras de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
Los atentados causaron además el derrame de 1,5 millones de barriles de crudo, que equivalen a 66 millones de galones, lo que, según Ecopetrol, ha generado un grave impacto ambiental y pérdidas millonarias que afectan los presupuestos para inversión social en las regiones.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más grande del país después de las FARC, mantiene negociaciones con el Gobierno colombiano que se desarrollan desde el pasado 7 de febrero en Quito.
Según Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que recorre Colombia desde el oriente, en la frontera con Venezuela, hasta el Caribe, ha estado fuera de operación 3.800 días entre 2000 y 2017, lo que equivale a diez años y medio, y en 2017 ha dejado de producir más de 900.000 barriles de crudo debido a los recientes atentados.
En ese contexto, la petrolera rechazó estas acciones y advirtió «que violan el Derecho Internacional Humanitario, ponen en riesgo la integridad de civiles y miembros de la Fuerza Pública, afectan la normal prestación de servicios públicos esenciales como agua potable y gas domiciliario, y dañan gravemente el medio ambiente».
Recientemente, el Gobierno pidió al ELN suspender los «atentados terroristas» contra la infraestructura petrolera, ya que afectan las finanzas de país.