Batalla campal en Buenos Aires para frenar la reforma de las pensiones


Argentina confirmó una vez más que es el país de Latinoamérica donde es más difícil sacar adelante reformas impopulares. El Congreso de este país necesitó más de 17 horas para debatir y aprobar finalmente, en medio de un enorme escándalo político, la polémica reforma de las pensiones promovida por el presidente Mauricio Macri. Salió finalmente por 128 votos a favor y 116 en contra, gracias al apoyo de algunos peronistas. Macri lo logró al segundo intento, después de que el pasado jueves la sesión se suspendiera en medio de graves disturbios en la calle.

Esta vez los choques de la policía con miles de manifestantes a las puertas del Congreso y después por todo el centro fueron aún más graves, pero Macri dio la orden de seguir la sesión y logró que se aprobara ya por la mañana del día siguiente, después de una tensa madrugada con cacerolazos por toda la ciudad y un ambiente de protesta masiva y fuerte violencia que no se vivía desde 2001, cuando la crisis del corralito acabó con 38 muertos y el presidente Fernando de la Rúa dimitió y abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Con esa imagen en la memoria, Macri dio un gesto de autoridad y mostró que puede sacar la polémica ley adelante y controla el país.

“Toda esa violencia estuvo claramente orquestada”, dijo Macri el martes durante una rueda de prensa en la Casa Rosada. Antes, se había reunido con sus ministros para analizar el impacto político de la jornada de violencia. “Me sorprende no haber escuchado mayor condena por parte de líderes de la oposición a que se agreda de semejante manera a nuestros policías, que son argentinos y tienen sus familias. Adonde está el sentido de que unos señores organizados para el mal y la violencia agredieran de semejante manera a los policías. Agradezco a la policía la labor de ayer y del jueves defendiendo la democracia”, agregó.

Durante horas, la oposición kirchnerista exigió al Gobierno que suspendiera la sesión mientras la aliada de Macri Lilita Carrió hablaba de “golpe de Estado” cuando los manifestantes se acercaron a la puerta del Congreso. Estuvieron a punto de llegar, pero la policía local pidió refuerzos a la nacional y la represión fue muy dura hasta que lograron recuperar el control de la plaza.

La jornada de furia dejó 162 heridos, entre ellos 88 policías que sufrieron durante horas una lluvia de piedras transmitida en directo por decenas de cámaras. Con la polémica reforma, que cambia la fórmula para actualizar las pensiones y hará perder poder adquisitivo a los jubilados en un país con un 25% de inflación, el Gobierno pretende ahorrar 60.000 millones de pesos (2.850 millones de euros).

La semana pasada, el escándalo de los disturbios y la tensión dentro del Congreso forzaron a levantar la sesión. Esta vez el Gobierno aprendió la lección y cambió en dos frentes. Primero, buscó más apoyos de los parlamentarios, con un pacto con algunos gobernadores peronistas y un compromiso de dar a los pensionistas una paga extra que suavizara la pérdida de poder adquisitivo. Y después, dio órdenes a la policía para que resistiera sin forzar una represión brutal. Aún así, los disturbios crecían y la situación se hacía más insostenible cada minuto. “Frene esta locura”, le pedían los diputados kirchneristas al presidente del Congreso, Emilio Monzó, empeñado en seguir adelante para demostrar que una manifestación no puede impedir los trabajos de un Congreso en el que Macri ha logrado trenzar una inestable mayoría con el apoyo de algunos peronistas.

En medio del caos también fueron agredidos con extrema violencia algunos periodistas, como el cronista de TN Julio Bazán, que sufrió todo tipo de golpes por la espalda y se libró de ser linchado cuando pudo huir por el metro. Las imágenes de su intento de linchamiento fueron especialmente dramáticas. El terror y el caos alejaron a la gente del centro, que se convirtió en un escenario de batalla con menos tráfico que un domingo.

La sesión en el Congreso ha sido el resultado de una estudiada estrategia política, desplegada en varios frentes a la vez. El fracaso del jueves, en la que el Gobierno no consiguió quorum para iniciar la sesión y la gendarmería reprimió con gases y balas de goma a los manifestantes fuera del Congreso, obligó a Macri a pactar con el peronismo los votos y a cambiar el esquema de seguridad.

Esta vez, el cambio de estrategia fue evidente. Decenas de manifestantes arrojaron piedras y bombas de estruendo contra policías que resistieron durante más de una hora tras sus escudos de acrílico antes de responder con bombas de gas y bolas de goma. La orden ha sido aguantar todo lo posible para evitar las postales del jueves. Mientras la cabecera de la protesta se resolvía con violencia, los partidos de izquierda y movimiento sociales más combativos cortaron los principales accesos a la ciudad, sobre todo los puentes que cruzan el río hacia el sur y las autopistas que llegan desde el norte y el oeste, y realizaron piquetes en las principales avenidas. A la movilización en la calle se le sumó una huelga general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central peronista más poderosa del país, una decisión que puso fin a la tregua que mantuvieron hasta ahora con el Gobierno. La huelga arrancó al mediodía del lunes, siguió este martes y no alcanzó en el arranque al transporte, una estrategia para facilitar la movilización.

La reforma jubilatoria es un gran desafío para Macri, por el rechazo que genera entre los argentinos cualquier cambio que pueda suponer una bajada de los ingresos. Los ánimos no son los mejores para cambios, como se ha hecho evidente en la calle. La propuesta oficial no apunta a cambios estructurales, sino a la forma en que se calcula la actualización de los haberes en un país con la segunda inflación más alta de América Latina, después de Venezuela. El krichnerismo ideó una ecuación que tomaba en cuenta el aumento de los ingresos en el sistema y la subida de precios con actualizaciones dos veces por año. El macrismo pretende cambiar esa fórmula por otra que define el porcentaje de aumento según la subida de los salarios formales y la inflación, con actualizaciones trimestrales. El problema ha sido que la cuenta dio negativa para los jubilados. Según los cálculos de los expertos, el nuevo índice otorgará una subida de 5,7%, frente al 14% de la fórmula actual.

El argumento oficial es que es cuestión de tiempo para que el nuevo sistema finalmente “empalme” con el nuevo, es decir que a largo plazo las subidas serán similares y se estabilizarán a medida que baje la inflación, como espera el Gobierno. Para compensar la pérdida inicial y tras el fracaso legislativo de la semana pasada, Macri ofreció a los diputados más dubitativos que el Estado aporte en marzo de 5.000 millones de pesos (294 millones de dólares) a repartir entre nueve millones de jubilados. El bono ha sido clave para destrabar los votos que necesita Macri en Diputados, pero no convenció a la oposición, que prometió mantener el pulso contra la reforma.